AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 2 días del mes de octubre de 2026, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados, Hernández Chávez, presidente; Pacheco Zerga, vicepresidenta; Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia el siguiente auto, con el voto singular del magistrado Ochoa Cardich, que se agrega.
VISTO
El escrito de fecha 19 de agosto de 2026, que contiene la subsanación de la demanda competencial interpuesta por el procurador público municipal de la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa contra la Municipalidad distrital de Lurigancho-Chosica; y,
ATENDIENDO A QUE
Mediante auto de fecha 3 de julio de 2026, este Tribunal declaró inadmisible la demanda de conflicto de competencia interpuesta por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa, debido a que no se adjuntó el acuerdo de concejo municipal mediante el cual se faculte expresamente a la alcaldesa la representación de plantear la presente demanda competencial contra la Municipalidad distrital de Lurigancho-Chosica, ni tampoco se cumplió con identificar los actos concretos y vigentes que evidencien el menoscabo de sus competencias en materia de arbitrios municipales.
Al respecto, el último párrafo del artículo 102 del Nuevo Código Procesal Constitucional, aplicado supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 111 del NCPCo, establece que:
El Tribunal concederá un plazo no mayor de cinco días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el defecto de inadmisibilidad, el Tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso.
En el presente caso, se advierte que mediante la constancia de notificación electrónica de fecha de 12 de agosto de 20261, este Tribunal notificó a la entidad demandante el citado auto de fecha 3 de julio de 2026, que declaró inadmisible la demanda.
Mediante el escrito del visto, presentado dentro del plazo legal, la entidad demandante cumple con presentar el Acuerdo de Concejo 020-2026-MCPSMH, de fecha 18 de agosto de 20262, mediante el cual se aprecia que el Concejo del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, en sesión extraordinaria, autorizó la presentación de la demanda competencial contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica.
Adicionalmente, respecto a la legitimidad procesal de la municipalidad demandante, resulta pertinente recordar que, conforme al artículo 128 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades de centros poblados son órganos encargados de la administración de los servicios públicos locales que les son delegados. Por tal motivo, este Tribunal Constitucional “ha interpretado que los gobiernos de los centros poblados tienen un ámbito limitado para plantear demandas competenciales, el cual se encuentra circunscrito únicamente a las controversias que puedan suscitarse con otros gobiernos locales. Contrario sensu, dichos órganos no tendrían la legitimidad de acudir directamente ante este Colegiado en aquellos supuestos donde se encuentren involucradas sus competencias frente a otros Poderes del Estado u Organismos Constitucionalmente Autónomos distintos a los gobiernos locales”3.
Así entonces, al dirigirse la demanda competencial directamente contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, se constata el pleno cumplimiento de dicho criterio jurisprudencial para habilitar su legitimidad activa. En ese sentido, corresponde tener por cumplido el elemento subjetivo requerido para la procedencia del proceso competencial.
De otra parte, corresponde tomar en cuenta que el elemento objetivo para la procedencia del proceso competencial está referido a la naturaleza de un conflicto que posea dimensión constitucional; es decir, deberá tratarse de competencias o atribuciones derivadas de la Constitución Política o de las leyes orgánicas respectivas.
Este Tribunal advierte que en su escrito de absolución la entidad recurrente alega que la señora Quispe Retamozo Felicita Victoria "es contribuyente de la Municipalidad del centro Poblado de Santa María de Huachipa, asignada con el Código de Contribuyente 1394, según base de datos desde el año 1992"4 y que, sin embargo, "se le requirió y realizó el pago por concepto de arbitrios municipales del año 2024 por el monto de S/ 215.58 soles, con respectivo sello de cancelado de la oficina de tesorería de la municipalidad Distrital de Lurigancho Chosica", mediante Comprobante de Caja S202402600000878 presentado previamente5.
A su la entidad demandante adjunta el Informe 064-2026-GDU/MCPSMH6, y sostiene que el predio de la contribuyente "se ubica dentro de la zona denominada HUACHIPA NORTE-02 y que se encuentra plenamente ubicada dentro de la jurisdicción del Centro Poblado de Santa María de Huachipa"7.
Finalmente, la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa adjunta la Declaración Jurada del Impuesto Predial del año 2026 (PU) de la ciudadana en mención8, y concluye que se demuestra objetivamente el menoscabo de su competencia en materia de recaudación de arbitrios municipales dentro de la jurisdicción del centro poblado9.
Estando a lo expuesto, y tomando en cuenta el principio pro actione expresamente reconocido por el artículo III del Título Preliminar del NCPCo, corresponde admitir a trámite la demanda competencial planteada por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica, y emplazar a esta última para que la conteste, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del NCPCo.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
RESUELVE
ADMITIR a trámite la demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica; y correr traslado de la demanda a la emplazada, para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución.
Publíquese y notifíquese.
SS.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
PACHECO ZERGA
MORALES SARAVIA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular, pues no me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada, que ADMITE a trámite la demanda de conflicto competencial interpuesta por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa contra la Municipalidad distrital de Lurigancho-Chosica; y corre traslado de ella al demandado, para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución. En mi opinión, la demanda debió declararse IMPROCEDENTE. Estas son las razones que las justifican:
1. A diferencia de lo que se sostiene en los fundamentos 5 y 6 del auto en mayoría, considero que las municipalidades de los centros poblados no cuentan con legitimación activa para promover una demanda competencial. Para ostentar tal legitimación, como se sabe, es preciso que el sujeto procesal tenga el estatus de un poder del Estado o la de un órgano constitucional, gobierno regional o municipal (art. 108 del Código Procesal Constitucional), que es el presupuesto necesario -aunque no suficiente- para desencadenar el tipo de conflictos que se resuelve a través de este proceso.
2. Ese no es el caso de las municipalidades de los centros poblados, por mucho que entre su designación se encuentre la expresión “municipalidad”. Ellas son entidades de administración y gestión municipal, creadas previa iniciativa de una municipalidad distrital -en el ámbito de su territorio-, mediante ordenanza de la Municipalidad Provincial, para ejercer las competencias que les sean delegadas. Estas competencias a cargo de las municipalidades de los centros poblados no son establecidas por la Constitución o las leyes orgánicas, sino por la Ordenanza Municipal Provincial que las crea, conforme recuerda el artículo 128 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
“Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial, que determina además:
1. La delimitación territorial.
2. El régimen de organización interior.
3. Las funciones que se le delegan.
4. Los recursos que se le asignan.
5. Sus atribuciones administrativas y económico-tributarias”.
3. Una entidad de gestión y administración municipal, al interior del territorio de una Municipalidad Distrital, que ejerce solo aquellas funciones que les hayan sido delegadas mediante la Ordenanza Municipal Provincial que las crea, no cuenta con la autonomía política, económica y administrativa que sí ostentan las municipalidades provinciales y distritales (artículo 194 de la Constitución). Y por las propias características alrededor de su creación, la incertidumbre o conflictos acerca de la extensión y alcances de las funciones o competencias delegadas a través de la ordenanza provincial no están en capacidad de desencadenar un conflicto que afecte las competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a un poder del Estado, un órgano constitucional, o a un gobierno regional o local.
4. Esto no quiere decir que, entre una municipalidad de un centro poblado y una municipalidad provincial o distrital, no se puedan presentar problemas o controversias alrededor de la extensión y alcances de las funciones delegadas. Por supuesto que sí, y tal vez la causa petendi que está detrás de la demanda es una buena prueba de ello, pero cuando la vía para destejerla no sea la modificación de la ordenanza provincial que contiene las funciones delegadas -que es el primer medio que siempre dispondrá quien es el titular de la función-, siempre queda el camino de la justicia ordinaria, en particular, a través del contencioso administrativo. Esta es la razón por la cual al regularse en la Ley Orgánica de Municipalidades el modo cómo se solucionan los conflictos entre municipalidades, su artículo 127 haya establecido que:
“Los conflictos de competencia que surjan entre las municipalidades, sean distritales o provinciales, y entre ellas y los gobiernos regionales o con organismos del gobierno nacional con rango constitucional son resueltos por el Tribunal Constitucional de acuerdo a su ley orgánica.
Los conflictos no comprendidos en el primer párrafo son resueltos en la vía judicial”.
5. Por estas razones, me aparto del obiter dictum relacionado al tema que contenía el auto de admisibilidad recaído en el expediente 00003-2026-PCC/TC, y soy de la opinión que las municipalidades de centros poblados no tienen legitimidad activa para promover un proceso competencial.
S.
OCHOA CARDICH
Cfr. foja 82 del cuadernillo digital.↩︎
Cfr. foja 63 del cuadernillo digital.↩︎
Cfr. auto de admisibilidad del Expediente 00003-2026-CC, fundamento 10.↩︎
Cfr. foja 59 del cuadernillo digital.↩︎
Ídem.↩︎
Cfr. fojas 65 y siguientes del cuadernillo digital.↩︎
Cfr. fojas 60 y 61 del cuadernillo digital.↩︎
Cfr. foja 73 del cuadernillo digital.↩︎
Cfr. foja 61 del cuadernillo digital.↩︎